Los Organismos de Control son entidades naturales o jurídicas cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditorías.
Fueron creados en el año 1992 a raíz de la aprobación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, si bien su reglamento de funcionamiento no fue publicado hasta el año 1995, es el denominado Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado mediante el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. Este reglamento ha sido modificado por el Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, para adaptarlo a la Directiva de los Servicios.
Uno de los principales requisitos que deben cumplir los organismos de control para poder ejercer sus actividades es estar acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en el campo en el que deseen actuar. Asimismo deberán disponer de los medios materiales necesarios, así como de personal con la adecuada formación profesional, técnica y reglamentaria para el desempeño de dichas actividades.
El artículo 43.1 del Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, establecía que los organismos de control necesitaban una autorización administrativa para el ejercicio de su actividad, que correspondía otorgarla al órgano competente de la comunidad autónoma donde dichos organismos iniciaban su actividad o radicaban sus instalaciones, excepto en los casos previstos en el artículo 13.4 de la Ley de Industria, en los que la autorización correspondía a la Administración General del Estado.
El apartado 5 del artículo anterior, indicaba que las autorizaciones otorgadas a los organismos de control tendrían validez para todo el ámbito del Estado, si bien, aquellos antes de actuar en una comunidad autónoma distinta de la que les autorizó deberían notificar su intención al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que daría traslado inmediato a las comunidades autónomas correspondientes.
La Sentencia de 29 de junio de 2011 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE 16-03-2011) declara la inaplicabilidad de la necesidad de autorización administrativa de los organismos de control prevista en ese artículo, salvo cuando la exigencia de la autorización resulte obligada en los términos recogidos en el artículo 4.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Este criterio se cumple para los campos de transporte de mercancías peligrosas, transporte de mercancías perecederas y vehículos y contenedores, pues los mismos derivan de tratados internacionales.
Para el resto de los campos de actuación y aunque se declare la inaplicabilidad de la necesidad de autorización administrativa, los organismos de control deben comunicar, previo a su actuación, al órgano competente de la comunidad autónoma donde radiquen sus instalaciones o inicien su actividad, que cumplen con los requisitos establecidos en el mencionado reglamento y que van a iniciar su actividad como organismo de control, indicando el campo o los campos en los que van a actuar. Para ello deberán presentar una declaración responsable en la que se manifieste este cumplimiento. Y en aplicación del citado artículo 43.5, antes de actuar en otras comunidades autónomas, deberán comunicar la intención de actuar en esa comunidad, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que dará traslado a las comunidades autónomas correspondientes.
Es importante destacar que los titulares o responsables de actividades e instalaciones sujetas a inspección y control por seguridad industrial están obligados a permitir el acceso a las instalaciones a los técnicos de los Organismos de Control, facilitándoles la información y documentación necesarias para cumplir su tarea según el procedimiento reglamentariamente establecido. En caso de no hacerlo, podrán ser sancionados por ello de acuerdo a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
